Propuesta de Campaña para el Control y Recuperación de los Servicios y Empresas Públicas Privatizadas 

A

Esta marcha de antorchas, y apagón en repudio a los tarifados cobra una importancia particular ya que por el decreto 293 del 12 de febrero se abrió el proceso de renegociación de los contratos de provisión de servicios de: 

- agua potable y desagües cloacales. 

. distribución y comercialización de gas. 

. telefonía básica (fija) 

. el transporte público de pasajeros (trenes, subtes, colectivos y ómnibus de corta, media y larga distancia) y ferroviario de carga 

. peajes en rutas 

. aeropuertos, puertos y vías fluviales por peaje 

. correos 

- comercialización de combustibles líquidos (incluyendo gas licuado y GNC) 

  

Los resultados de estas negociaciones ya están pesando directa o indirectamente en nuestros bolsillos, con aumentos que nuestros ingresos cada vez más magros no pueden soportar. 

  

Primero desde la última dictadura militar, que repudiaremos masivamente el próximo 24 de marzo, y después bajo gobiernos constitucionales, se vino implementando en nuestro país un modelo neoliberal, que profundizó progresivamente la concentración de la riqueza en pocas manos a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población; y que atentó contra el carácter social del Estado, recortando derechos fundamentales de la ciudadanía (económicos, sociales, sindicales, etc.) y reduciendo sus funciones económicas y redistributivas.  

  

Las privatizaciones de empresas públicas fueron parte central de estas reformas neoliberales donde convergieron los intereses de la banca acreedora y de los grupos económicos concentrados. Para los acreedores externos, como forma de cobrar una parte del capital adeudado y de garantizar el pago de los intereses corrientes. Para los grandes grupos económicos nacionales y empresas transnacionales implicó acceder al control de importantes activos por bajos precios, acreditando los pagos con bonos de deuda publica, y garantizando su rentabilidad por las condiciones monopólicas ofrecidas, preservados de la competencia externa y en muchos casos subsidiados por el estado nacional.  

  

Es por eso que en el marco de estas negociaciones proponemos que se revisen integralmente los contratos de privatización y los mecanismos de control y regulación, de manera de recuperar la provisión de servicios para el desarrollo económico y social del país en su conjunto, y no para el bolsillo de unos pocos.  

B 

En ese sentido queremos señalar algunas fallas evidentes de todo este proceso, dejando en claro que los ciudadanos no miramos para otro lado y que repudiamos a los responsables de dilapidar un patrimonio público que nos pertenece. 

  

1.      Previo a la privatización, se dejó caer a límites extremos la capacidad patrimonial de las empresas de modo de favorecer como única alternativa la concesión de los servicios. El endeudamiento forzado de las empresas, como las rentas obtenidas por los contratistas que crecieron a sus expensas fundieron su capacidad de inversión. 

  

2.      No se elaboró previamente, o se lo hizo de forma precaria, un marco regulatorio por sector de actividad privatizada. Esto permitió el descontrol por parte del Estado, la cooptación de los entes reguladores por las empresas privatizadas, el incumplimiento de los contratos pactados y de la prestación efectiva de los servicios.  

  

3.      La arbitrariedad del marco regulatorio permitió que las empresas pudieran actuar con márgenes de rentabilidad muy elevados a expensas de los usuarios. En numerosos casos, las disposiciones contractuales permitieron ajustar periódicamente las tarifas según indicadores exógenos (por ejemplo la tasa de inflación en Estados Unidos mayor que la tasa de inflación interna durante la convertibilidad). Estos beneficios brindaron un horizonte de bajo riesgo y alta rentabilidad. 

  

4.      Los mecanismos de capitalización de deuda publica aceptados como forma de pago resultaron en una subvaluación de los montos efectivos percibidos por las arcas del Estado ya que los bonos de la deuda externa Argentina cotizaban hasta en un 50% por debajo de sus valores nominales

 

5.      Por lo tanto, la promesa de reducir la deuda externa mediante la capitalización de la misma en las privatizaciones de empresas públicas, no se ha cumplido. Peor aún, el monto global de la deuda se ha incrementado.  

  

6.      Las empresas transferidas a los concesionarios sin deudas, las cuales habían sido asumidas por el estado nacional, se endeudaron para financiar sus planes de inversión y reconversión productiva, y/o para obtener utilidades que pudieron ser remitidas al exterior como fuga de capitales.  

  

7.      Varias empresas privatizadas fueron adquiridas por otras empresas estatales de origen europeo (italianas, españolas y francesas), evidenciando que la capacidad de gestión no se relaciona necesariamente con el tipo de propiedad publica, privada o mixta de las empresas.  

  

El resultado del proceso privatizador fue la consolidación de grupos económicos y conglomerados transnacionales que privilegian la lógica de la valorización financiera de los capitales, expresada en: un nuevo ciclo de endeudamiento externo, la fuga de capitales luego de revender a mejores precios las empresas adquiridas a un bajo valor y el posterior reingreso de esos mismos capitales en los circuitos de la valorización financiera. Además, se registra en las empresas con participación de capital extranjero, la salida de remesas de hacia sus casas matrices. 

  

. La devaluación y la pesificación de las deudas en dólares constituyen un nuevo ciclo de condonación de deudas al poder económico, de modo similar al proceso de estatización de la deuda privada durante la dictadura militar. Estos intereses no sólo pretenden socializar sus deudas a costa del pueblo, además pretenden asegurar un ajuste de tarifas que va a impactar en los ya devaluados salarios. 

C

. Todos estos elementos muestran como se ha organizado y pretende continuar un saqueo y expoliación del país y del pueblo.  

  

. El poder económico ha logrado domesticar a la mayor parte de la clase política. Así tenemos, un parlamento que cede sus atribuciones concediendo facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. Una Corte Suprema de Justicia que ha sido cómplice del proceso de saqueo e impunidad del proceso privatizador como con el per saltum de Aerolíneas o legitimando el rebalanceo tarifario de las empresas telefónicas. 

  

. En estos meses se van a renegociar las concesiones que afectarán el futuro del empleo y los ingresos de millones de argentinos, serán realizadas por un Gobierno transitorio no legitimado por el voto popular.  

  

Frente a esta situación consideramos que la única alternativa para enfrentar un nuevo saqueo a nuestros bolsillos es impulsar una fuerte movilización popular, que incorpore propuestas de democratización en la gestión pública, para asegurar que los servicios públicos cumplan el importante papel redistributivo y de cohesión social que deben jugar al servicio del pueblo. Queremos reinstalar la empresa pública bajo control ciudadano y popular como un instrumento fundamental de la intervención del Estado en la economía tendiente a la reactivación económica y al pleno empleo.  

  

Para encarar este objetivo proponemos la realización de una campaña por el control y recuperación de los servicios y empresas públicas privatizadas. Planeamos abrir un debate para acordar propuestas de trabajo, tendientes a recuperar el poder de decisión del estado en definir las modalidades de prestación de los servicios públicos, para asegurar el acceso y la universalización de los mismos, y tarifas sociales que contribuyan a la redistribución de ingresos. Invitamos a que cada Asamblea Popular profundice la propuesta y que se constituya una comisión interbarrial para acordar objetivos y demandas comunes, así como coordinar acciones efectivas para que nuestros reclamos sean atendidos y nuestra voz sea escuchada.