Propuesta
de Campaña para el Control y Recuperación de los Servicios y
Empresas Públicas Privatizadas
A
Esta marcha de antorchas, y apagón en repudio a los tarifazos cobra una
importancia particular ya que por el decreto 293 del 12 de febrero
se abrió el proceso de renegociación de los contratos de provisión
de servicios de:
-
agua potable y desagües cloacales.
.
distribución y comercialización de gas.
.
telefonía básica (fija)
.
el transporte público de pasajeros (trenes, subtes, colectivos y
ómnibus de corta, media y larga distancia) y ferroviario de carga
.
peajes en rutas
.
aeropuertos, puertos y vías fluviales por peaje
.
correos
-
comercialización de combustibles líquidos (incluyendo gas licuado
y GNC)
Los
resultados de estas negociaciones ya están pesando directa o
indirectamente en nuestros bolsillos, con aumentos que nuestros
ingresos cada vez más magros no pueden soportar.
Primero
desde la última dictadura militar, que repudiaremos masivamente el
próximo 24 de marzo, y después bajo gobiernos constitucionales,
se vino implementando en nuestro país un modelo neoliberal, que
profundizó progresivamente la concentración de la riqueza en
pocas manos a costa del empobrecimiento de la mayoría de la
población; y que atentó contra el carácter social del Estado,
recortando derechos fundamentales de la ciudadanía (económicos,
sociales, sindicales, etc.) y reduciendo sus funciones económicas
y redistributivas.
Las
privatizaciones de empresas públicas fueron parte central de estas
reformas neoliberales donde convergieron los intereses de la banca
acreedora y de los grupos económicos concentrados. Para
los acreedores externos, como forma de cobrar una parte del capital
adeudado y de garantizar el pago de los intereses corrientes. Para
los grandes grupos económicos nacionales y empresas
transnacionales implicó acceder al control de importantes activos
por bajos precios, acreditando los pagos con bonos de deuda
publica, y garantizando su rentabilidad por las condiciones monopólicas
ofrecidas, preservados de la competencia externa y en muchos casos
subsidiados por el estado nacional.
Es
por eso que en el marco de estas negociaciones proponemos que se
revisen integralmente los contratos de privatización y los
mecanismos de control y regulación, de manera de recuperar la
provisión de servicios para el desarrollo económico y social del
país en su conjunto, y no para el bolsillo de unos pocos.
B
En
ese sentido queremos señalar algunas fallas evidentes de todo este
proceso, dejando en claro que los ciudadanos no miramos para otro
lado y que repudiamos a los responsables de dilapidar un patrimonio
público que nos pertenece.
1.
Previo a la privatización, se dejó caer a límites
extremos la capacidad patrimonial de las empresas de modo de
favorecer como única alternativa la concesión de los servicios.
El endeudamiento forzado de las empresas, como las rentas obtenidas
por los contratistas que crecieron a sus expensas fundieron su
capacidad de inversión.
2.
No se
elaboró previamente, o se lo hizo de forma precaria, un marco
regulatorio por sector de actividad privatizada. Esto permitió el
descontrol por parte del Estado, la cooptación de los entes reguladores por las empresas privatizadas, el
incumplimiento de los contratos pactados y de la prestación
efectiva de los servicios.
3.
La arbitrariedad del marco regulatorio permitió que las empresas pudieran
actuar con márgenes de rentabilidad muy elevados a expensas de los
usuarios. En
numerosos casos, las
disposiciones contractuales permitieron ajustar periódicamente las
tarifas según indicadores exógenos (por ejemplo la tasa de
inflación en Estados Unidos mayor que la tasa de inflación
interna durante la convertibilidad). Estos beneficios brindaron un
horizonte de bajo riesgo y alta rentabilidad.
4.
Los mecanismos de capitalización de deuda publica aceptados
como forma de pago resultaron en una subvaluación de los montos
efectivos percibidos por las arcas del Estado ya
que los bonos de la deuda externa Argentina cotizaban hasta en un
50% por debajo de sus valores nominales
5.
Por lo
tanto, la promesa de reducir la deuda externa mediante la
capitalización de la misma en las privatizaciones de empresas públicas,
no se ha cumplido. Peor aún, el monto global de la deuda se ha
incrementado.
6.
Las empresas transferidas a los concesionarios sin deudas,
las cuales habían sido asumidas por el estado nacional, se
endeudaron para financiar sus planes de inversión y reconversión
productiva, y/o para obtener utilidades que pudieron ser remitidas
al exterior como fuga de capitales.
7.
Varias empresas privatizadas fueron adquiridas por otras
empresas estatales de origen europeo (italianas, españolas y
francesas), evidenciando que la capacidad de gestión no se
relaciona necesariamente con el tipo de propiedad publica, privada
o mixta de las empresas.
El
resultado del proceso privatizador fue la consolidación de grupos
económicos y conglomerados transnacionales que privilegian la lógica
de la valorización financiera de los capitales, expresada en: un
nuevo ciclo de endeudamiento externo, la fuga de capitales luego de
revender a mejores precios las empresas adquiridas a un bajo valor
y el posterior reingreso de esos mismos capitales en los circuitos
de la valorización financiera. Además, se registra en las
empresas con participación de capital extranjero, la salida de
remesas de hacia sus casas matrices.
.
La devaluación y la pesificación de las deudas en dólares
constituyen un nuevo ciclo de condonación de deudas al poder económico,
de modo similar al proceso de estatización de la deuda privada
durante la dictadura militar. Estos intereses no sólo pretenden
socializar sus deudas a costa del pueblo, además pretenden
asegurar un ajuste de tarifas que va a impactar en los ya
devaluados salarios.
C
.
Todos estos elementos muestran como se ha organizado y pretende
continuar un saqueo y expoliación del país y del pueblo.
.
El poder económico ha logrado domesticar a la mayor parte de la
clase política. Así tenemos, un parlamento que cede sus
atribuciones concediendo facultades extraordinarias al Poder
Ejecutivo. Una Corte Suprema de Justicia que ha sido cómplice del
proceso de saqueo e impunidad del proceso privatizador como con el
per saltum de Aerolíneas o legitimando el rebalanceo tarifario de
las empresas telefónicas.
.
En estos meses se van a renegociar las concesiones que afectarán
el futuro del empleo y los ingresos de millones de argentinos, serán
realizadas por un Gobierno transitorio no legitimado por el voto
popular.
Frente
a esta situación consideramos que la única alternativa para
enfrentar un nuevo saqueo a nuestros bolsillos es impulsar una
fuerte movilización popular, que incorpore propuestas de
democratización en la gestión pública,
para asegurar que los servicios públicos cumplan el importante
papel redistributivo y de cohesión social que deben jugar al
servicio del pueblo. Queremos reinstalar
la
empresa pública bajo control ciudadano y popular como un
instrumento fundamental de la intervención del Estado en la economía
tendiente a la reactivación económica y al pleno empleo.
Para
encarar este objetivo proponemos la realización de una campaña
por el control
y recuperación de los servicios y empresas públicas privatizadas.
Planeamos abrir un debate para acordar propuestas de trabajo, tendientes
a recuperar el poder de decisión del estado en definir las
modalidades de prestación de los servicios públicos, para
asegurar el acceso y la universalización de los mismos, y tarifas
sociales que contribuyan a la redistribución de ingresos.
Invitamos a que cada Asamblea Popular profundice la propuesta y que
se constituya una comisión interbarrial para acordar objetivos y
demandas comunes, así como coordinar acciones efectivas para que
nuestros reclamos sean atendidos y nuestra voz sea escuchada.
MUCHAS
GRACIAS
