En el marco de una acción por el Control y la
Recuperación de los Servicios y Empresas Públicas Privatizadas,
el pasado 8 de junio las Asambleas Barriales nos lanzamos a la
calle para iniciar una campaña de recolección de firmas contra
los tarifazos que culminará el próximo viernes 28 con una
movilización desde la Plaza de los Dos Congresos a Plaza de Mayo
a las 19 horas.
Dicha campaña de información y recolección de
firmas se extenderá, en principio, hasta el miércoles 26, día en
que la Comisión de campaña centralizará las adhesiones recogidas
por asambleas de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Las
mismas serán presentadas el 28 de Junio al Poder Ejecutivo
Nacional, a la Comisión Renegociadora de Tarifas y Concesiones,
a la Bicameral Parlamentaria que va a tratar las resoluciones
que salgan sobre las privatizadas, para advertir a los mismos
que se desconocerá toda medida y/o resolución que impliquen un
nuevo saqueo a los bolsillos populares y a los recursos
naturales del país.
La tarea emprendida por las Asambleas cobra
una importancia particular ya que, por el decreto 293 del
12-02-2002, se abrió el proceso de renegociación de los
contratos de provisión de servicios de agua potable y cloacas,
telefonía básica, transporte público de pasajeros y ferroviario
de carga, distribución y comercialización del gas y de la
energía eléctrica, peajes en rutas y vías fluviales,
aeropuertos, puertos, correos y la comercialización de
combustibles líquidos.
De los resultados de dichas negociaciones,
que serán realizadas por un gobierno no legitimado por el voto
popular, depende el empleo de miles de argentinos y los ingresos
de toda la ciudadanía.
Ante esta situación, las Asambleas Barriales
impulsamos, entre otras cosas, el rechazo a cualquier aumento de
tarifas, explícito o encubierto de los servicios públicos, que
se implementen tarifas sociales financiadas con las ganancias
extraordinarias que tuvieron durante el plan de convertibilidad,
para desocupados, jubilados, pensionados, discapacitados y
hogares bajo la línea de pobreza, suspensión de cortes y
reconexión sin cargo de todos los servicios cortados, etc.
También reclamamos: que el Estado no se haga
cargo de la deuda de las privatizadas, ni tampoco de la
diferencia de cambio producida por la devaluación mediante la
implementación de un seguro de cambio y/o cualquier otro
instrumento financiero; que el Gobierno nacional asegure que las
empresas prestatarias de servicios públicos no despidan
trabajadores, ni reduzcan salarios de manera explícita o
encubierta. También nos proponemos reinstalar la empresa pública
bajo control de los trabajadores y los usuarios, como un
instrumento fundamental de la intervención de al Administración
en la economía, tendiente a la reactivación y al pleno empleo.
Por todo ello exigimos al Poder Ejecutivo que
anule por incumplimiento los convenios de las empresas
privatizadas y que recupere los servicios públicos para el
Estado nacional, sin indemnizarlas ni hacerse cargo de las
deudas contraídas por las concesionarias
Finalmente, cabe aclarar que con el inicio de
esta campaña nos proponemos abrir un debate sobre el poder de
decisión del Estado en la definición de las modalidades de
prestación de los servicios públicos. El objetivo es asegurar el
acceso y la universalización de los mismos, así como tarifas
sociales que contribuyan a la redistribución de ingresos
Junio de 2002
